Impacto en la educación, alimentación, salud mental, acceso a vivienda y roles de género.
España avanza, pero millones siguen atrapados en la exclusión. Este vídeo muestra cómo empleo precario, vivienda inaccesible y brechas educativas mantienen heridas abiertas, y por qué necesitamos políticas más ambiciosas para no dejar a nadie atrás.
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Tras el duro impacto económico y social de la pandemia de COVID-19, España ha mejorado sus niveles de integración social, aunque sigue lejos de los valores de 2018. Los avances —impulsados por la recuperación del empleo y por políticas redistributivas— coexisten con una realidad preocupante: la exclusión social severa aún afecta a más de 4,3 millones de personas, un 52% más que en 2007. Esta cifra evidencia la incapacidad para cerrar las heridas abiertas por las crisis incluso en periodos de bonanza, y apunta a una erosión estructural de la cohesión social.
El empleo ha sido clave en la recuperación, pero con matices: la persistencia de la precariedad y los salarios bajos —especialmente en los sectores más vulnerables—, junto con una elevada inseguridad laboral, continúan lastrando los procesos de integración.
La educación postobligatoria se confirma como el nuevo “cortafuegos”: no superar la ESO multiplica por 2,7 el riesgo de exclusión severa. Por su papel preventivo, el sistema educativo debe asumir un rol más activo: frenar el abandono escolar, combatir la segregación y reforzar tanto la educación infantil como los programas de segunda oportunidad para jóvenes desvinculados del sistema. Para las personas adultas en situación precaria, se requieren itinerarios de inclusión sólidos que combinen formación, empleo y apoyo social.
La brecha digital actúa como multiplicador de la exclusión y pérdida de oportunidades: entre los hogares vulnerables que sufren “apagón digital”, el impacto es también directo en la pérdida de oportunidades de empleo, educación y acceso a derechos.
El principal freno a la integración y a la agudización de las desigualdades sociales ha sido la exclusión residencial, que se ha convertido en una emergencia social. El acceso y mantenimiento de una vivienda adecuada son cada vez más difíciles, lo que multiplica las estrategias de supervivencia: hacinamiento, viviendas en mal estado, realquiler de habitaciones o imposibilidad de emancipación. Urgen políticas de vivienda más ambiciosas —en especial, ampliar el alquiler público y regular de forma efectiva el mercado inmobiliario— junto a una visión holística que integre habitabilidad, entorno y seguridad. Se requieren, además, políticas de Estado que aborden el fuerte desequilibrio territorial entre un medio rural en proceso de vaciamiento y unas áreas urbanas densamente pobladas donde la exclusión se cronifica en barrios desfavorecidos.
En el ámbito sanitario, se ha registrado un aumento significativo de casos de enfermedades graves y/o crónicas no atendidas en el último año, reflejo del incremento de las listas de espera respecto a 2018 y, por tanto, de una seria limitación del derecho a la atención sanitaria. La salud mental emerge como una debilidad del sistema: pese a ciertos avances desde 2021, las personas más excluidas son las más afectadas. El aislamiento y los conflictos sociales actúan como factores de riesgo, mientras que la participación comunitaria se perfila como elemento clave de protección.
La medición de la inseguridad alimentaria muestra que los mismos hogares acumulan distintas formas de exclusión. Pese a su carácter estructural, no figura como prioridad política, lo que subraya la urgencia de reconocer y legislar el derecho a la alimentación.
Preocupa el creciente distanciamiento de los sectores excluidos respecto del sistema político, lo que refuerza su invisibilidad y dificulta la promoción de cambios estructurales acordes con sus necesidades.
Se intensifican las brechas por edad y por tipología familiar. La infancia y la juventud sufren niveles más severos de exclusión y aparecen como grandes perdedoras de un modelo que recorta oportunidades y futuro; también aumenta la exclusión en familias encabezadas por mujeres y en hogares monoparentales, lo que exige una reforma de las políticas públicas adaptada a estas realidades.
La exclusión golpea con especial dureza a la comunidad gitana y a la población de nacionalidad y/u origen inmigrante. Aunque la integración mejora lentamente, sigue siendo insuficiente y se consolida como fenómeno estructural e intergeneracional, marcado por la precariedad laboral y la emergencia residencial. Es necesario agilizar regularizaciones, garantizar empleo y vivienda, y complementar las políticas universales con medidas específicas contra la discriminación que aseguren la igualdad de trato.
La exclusión social varía notablemente entre comunidades autónomas y entre lo rural y lo urbano, lo que reclama políticas flexibles y adaptadas al territorio. En las grandes ciudades, la exclusión tiende a cronificarse en determinados barrios que concentran múltiples desventajas.
Finalmente, las relaciones sociales emergen como un eje fundamental: las redes familiares, comunitarias y de apoyo pueden ser tanto un escudo como un factor de riesgo frente a la exclusión. Fortalecer estos vínculos es clave, al igual que desarrollar políticas basadas en derechos, que reconozcan las distintas necesidades de los colectivos en exclusión y garanticen el acceso efectivo a la inclusión.
En conjunto, es imprescindible articular políticas integrales —económicas, educativas, residenciales, relacionales y territoriales— coherentes y sostenidas en el tiempo. No bastan respuestas sectoriales ni medidas reparadoras tras cada crisis: se requiere prevenir de manera estructural la desigualdad, la pobreza y la exclusión social para evitar su reaparición incluso en periodos de bonanza.
La fuente principal de estos análisis es la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales (EINSFOESSA), diseñada para obtener datos representativos a escala nacional, autonómica y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como en territorios específicos (Diócesis de Barcelona, municipio de Albacete e isla de Ibiza). La EINSFOESSA 2024 tiene por objetivo cuantificar y analizar las condiciones de vida y la exclusión social en España, estudiando tanto a los hogares en exclusión o con múltiples problemáticas como los hogares en integración plena o más acomodados, y la relación existente entre ambos espacios del continuo inclusión-exclusión.
La metodología de la EINSFOESSA acredita control del error, amplia cobertura territorial y criterios operativos estrictos, homologables a las principales operaciones estadísticas oficiales. El trabajo de campo se realizó en el primer semestre de 2024, de forma presencial, en 524 municipios (716 secciones censales), con 12.289 encuestas a hogares y datos de 31.015 personas. Los resultados ofrecen alta fiabilidad estadística, con márgenes de error de ±0,9% para hogares y ±0,6% para población.
La medición de la exclusión social parte de un enfoque dinámico y multidimensional —ejes económico, político y relacional— concretado en 37 indicadores cuya presencia o acumulación condiciona la integración social. El Índice Sintético de Exclusión Social (ISES) integra en un único valor las distintas formas de exclusión que afectan a los hogares; tanto los indicadores como el método han evolucionado a lo largo de las seis ediciones de la EINSFOESSA (2007, 2009, 2013, 2018, 2021 y 2024), proporcionando un sistema más riguroso, estadísticamente sólido y sensible a los cambios sociales.
