Pasado, presente y horizonte del Estado de Bienestar.
¿Puede el Estado del Bienestar sostenerse sin un nuevo pacto social y fiscal? Este vídeo analiza sus fortalezas, límites y el reto de garantizar cuidados, vivienda y derechos en un país cada vez más desigual.
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Este capítulo analiza cómo el Estado de Bienestar en España está siendo puesto a prueba por cambios sociales, económicos y demográficos, y qué transformaciones son necesarias para garantizar su futuro.
Ofrece una visión profunda y crítica de su situación actual, examinando la evolución de las políticas sociales, su encaje en marcos europeos como el Pilar Europeo de Derechos Sociales y su interacción con actores clave como el Estado, el tercer sector, el mercado y las redes comunitarias.
El sistema de bienestar español ha vivido una etapa de «permanencia defensiva», combinando aumentos del gasto con limitaciones estructurales como privatización selectiva, insuficiencia inversora y desigualdades territoriales.
Aunque la ciudadanía apoya el bienestar público, muestra resistencia a aumentar su contribución fiscal, lo que revela la necesidad urgente de un nuevo pacto social y fiscal que garantice sostenibilidad, equidad y corresponsabilidad.
Se subraya la urgencia de una reforma fiscal progresiva que garantice la financiación del Estado de Bienestar. España sigue dependiendo en exceso de impuestos sobre el trabajo y necesita equilibrar con tributos sobre el capital y el consumo. Existe un amplio respaldo social al Estado de Bienestar, pero persiste la desconfianza hacia el sistema fiscal. Para consolidar un nuevo pacto fiscal, resultan claves la pedagogía cívica y la evaluación transparente del gasto público.
Aunque el Sistema Nacional de Salud goza de gran apoyo social, sufre debilidades como la falta de personal, el aumento de listas de espera y una creciente privatización.
Las desigualdades en salud se vuelven estructurales, interseccionales y acumulativas, ligadas a factores como clase, género o etnia, y los servicios sociales requieren una reinvención como espacios de acompañamiento comunitario, integrando lo social y lo sanitario en un contexto de creciente diversidad y vulnerabilidad.
El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, tras años de retroceso y reforma, enfrenta el reto de avanzar hacia un modelo más universal, comunitario y centrado en la persona.
El Modelo de Atención Integral y Centrada en la Persona y la Estrategia Estatal de Cuidados 2024-2030 impulsan la desinstitucionalización y la atención personalizada y promueven una visión más humana e inclusiva del envejecimiento, pero su implementación requiere reformas legales, coordinación intersectorial, financiación y formación profesional. Persisten desigualdades territoriales, problemas de financiación y de calidad de servicios y precariedad laboral.
El cuidado es visto no solo como un desafío técnico, sino como un reto político y democrático. Sin embargo, aunque se han producido avances normativos inspirados en la Convención de la ONU, las políticas públicas sobre discapacidad siguen siendo fragmentadas y las personas con discapacidad enfrentan mayor riesgo de pobreza y exclusión. Se requiere una estrategia integral basada en apoyos personalizados y transformación del entorno, garantizando la equidad y reduciendo brechas.
La creación del ingreso mínimo vital (IMV) supuso un avance sustancial, pero su cobertura sigue siendo limitada y la fragmentación territorial y los problemas de acceso persisten. Se han mejorado los mecanismos de coordinación con otras prestaciones, pero es necesaria una mayor integración entre los niveles estatal y autonómico. La reforma del desempleo asistencial de 2024 ha facilitado el tránsito hacia el IMV tras agotar el subsidio.
El envejecimiento demográfico y la baja natalidad plantean desafíos al sistema de pensiones y su sostenibilidad depende de reformas estructurales, ajustes en ingresos y control del gasto. Las reformas más recientes han buscado garantizar el poder adquisitivo y la sostenibilidad, pero será necesario un esfuerzo fiscal prolongado y posiblemente aplicar una cláusula de salvaguarda que eleve las cotizaciones o las transferencias.
La vivienda se ha convertido en un eje crítico de exclusión social: los desahucios, la falta de alquiler social y el peso del mercado impiden el acceso a un derecho básico. Se reclama una política pública más ambiciosa, que amplíe el parque público, limite el uso especulativo de la vivienda y fomente la cooperación interinstitucional y con el tercer sector, y se señala el caso de la SAREB como una oportunidad histórica para fortalecer el alquiler social.
El acceso a servicios como energía, agua, transporte o internet sigue siendo desigual, especialmente para personas en exclusión severa, y pese al aumento de personas beneficiarias del bono social eléctrico, la pobreza energética ha crecido. Las soluciones pasan por elevar los umbrales de acceso, mejorar la eficiencia energética en hogares vulnerables y garantizar conectividad digital, especialmente en zonas rurales.
En cuanto a las políticas migratorias, España ha transitado de una lógica de control y regularización a un modelo centrado en la inserción laboral, pero sigue sin una estrategia integral de integración. La irregularidad sobrevenida y el uso de las personas migrantes como mano de obra barata persisten como ejes del sistema, alimentando la precariedad. La acogida comunitaria y la corresponsabilidad social son claves para una integración efectiva.
En este sentido, el Tercer Sector de Acción Social desempeña un papel clave en la gestión de programas sociales, en la defensa de derechos y en la participación ciudadana. Con más de 28.000 entidades, ha logrado un impacto relevante en empleo, voluntariado y cohesión territorial.
La solidaridad de base (ayuda mutua, voluntariado, militancia) es esencial ante el agotamiento del modelo tradicional de cuidados, destacándose la necesidad de espacios comunitarios y estrategias participativas, desde presupuestos participativos hasta cohousing, para fortalecer redes locales.
Por otro lado, el sector mercantil ha ampliado su presencia en sanidad, pensiones y cuidados, abriendo un debate sobre el equilibrio público-privado, especialmente ante el crecimiento de seguros médicos y pensiones privadas. La Estrategia de Cuidados promueve una democracia del cuidado, que exige combinar Estado, mercado, comunidad y familia.
En definitiva, se plantea la necesidad de un nuevo pacto social basado en derechos, justicia fiscal, corresponsabilidad comunitaria y participación ciudadana. Solo con un Estado sólido, una ciudadanía comprometida y una comunidad cohesionada será posible construir un modelo de bienestar sostenible e inclusivo para los desafíos del siglo XXI.
Así, las políticas sociales dejarán de ser meramente reactivas para convertirse en una auténtica palanca de transformación del futuro de la sociedad española.
