FOESSA constata que la exclusión ha aumentado en Castilla-La Mancha y ya alcanza a uno de cada cuatro habitantes
La desigualdad ha crecido más de un 37%, un incremento muy superior al registrado en la crisis de 2008
Bajo el título “Informe sobre exclusión y desarrollo social en Castilla-La Mancha” se ha presentado en la Biblioteca Regional, en Toledo, la primera radiografía social completa de la crisis de la Covid-19 en nuestro territorio. El informe ha sido presentado por el provicario general de la Archidiócesis de Toledo, don Raúl Muelas, la presidenta de Cáritas Castilla-La Mancha, Mónica Moreno, y el sociólogo y miembro del equipo de Estudios de Cáritas Española y de la Fundación Foessa, Thomas Ubrich.
El provicario general de la Archidiócesis de Toledo, don Raúl Muelas, ha indicado que “en esta crisis la Iglesia y Cáritas han dado respuesta inmediata y se han adaptado a este momento tan complicado y tan difícil para todos”, y ha agradecido a las personas que han colaborado en este informe con esta radiografía que “sin duda alguna ofrece conclusiones para seguir dando respuesta los más pobres”.
La presidenta de Cáritas Provincia Eclesiástica de Toledo (Regional de Castilla-La Mancha), Mónica Moreno, ha señalado que con esta edición del informe, “se actualiza la fotografía de la exclusión en Castilla-La Mancha y se ofrece desde una doble perspectiva: longitudinal y comparativa. Longitudinal porque se muestra la evolución de las cifras de exclusión en CLM con respecto a 2018. Y comparativa porque en todos los casos se nos ofrece la posibilidad de cotejar los datos autonómicos con el conjunto de España. Pero sobre todo este informe nos presenta la primera radiografía social completa de la crisis provocada por la pandemia”.
Según Mónica Moreno, “para nosotros es un compromiso actuar en la realidad social de la pobreza y la exclusión, y para ello, estamos convencidos de la necesidad de contar previamente con un conocimiento profundo y exhaustivo de la realidad, de esta manera afinaremos las respuestas y acompañaremos mejor a los destinatarios de nuestra acción”.
Este informe, que también se presentará en una Jornada Técnica el 1 de marzo en Toledo, “servirá para que todos asumamos, en lo personal y comunitario, la cuota de responsabilidad que tenemos en la construcción de soluciones y oportunidades, incluso en estos tiempos de pandemia tan complicados que nos está tocando vivir”, ha indicado Mónica Moreno, que también ha resaltado la importante labor de la Iglesia en esta crisis sanitaria y social “llegando en muchas ocasiones donde nadie llegaba y estando cerca de los más necesitados en todo momento”. En este sentido ha dado las gracias a todos los agentes de Cáritas (voluntarios, profesionales, sacerdotes) que se han entregado y lo siguen haciendo en esta crisis de la Covid-19.
En palabras de Thomas Ubrich, esta crisis refleja una vez más cómo las personas más vulnerables han sufrido las peores consecuencias y las dificultades más grandes para mantenerse a flote tras el tsunami de la pandemia.
“Es muy importante centrarnos en la exclusión social porque como concepto es mucho más amplio y abarca muchas más realidades que la pobreza -ha afirmado Thomas Ubrich-. Aunque la pobreza, la falta de ingresos, es sin lugar a duda una de las situaciones que está influyendo notablemente en la exclusión social, existen otros problemas y dificultades que se acumulan y que distancian a las personas y hogares de la integración social. Son dificultades que impiden que estas sean miembros plenos y activos de la sociedad en la que viven”.
La explicación detallada del informe por parte de Thomas Ubrich se ha realizado partiendo de cuatro grandes epígrafes que han ayudado a entender la realidad de esta crisis de la Covid-19 en Castilla-La Mancha.
La crisis en España y en Castilla-La Mancha
En todo el país, la crisis sanitaria y social ha marcado un punto de inflexión en la evolución de las condiciones de vida y niveles de integración social de las personas y familias. Tanto si miramos los datos que nos ofrece la realidad social como desde la acción social de Cáritas, observamos que una parte importante de la población sigue en riesgo de desvinculación e incluso se ve literalmente expulsada de la sociedad.
Pero no se trata solo de un ensanchamiento del espacio de la exclusión, también se ha dado un agravamiento y profundización de las situaciones más críticas. Lo que evidencia que los grandes damnificados por la Covid-19 son precisamente las personas y familias más frágiles y desfavorecidas, a las que no ha llegado la respuesta pública.
La dinámica en Castilla-La Mancha, en cambio, muestra ciertas especificidades. La situación es ligeramente menos negativa que la observada en el conjunto del España, aunque no oculta, sin embargo, un deterioro de las situaciones de exclusión, y especialmente las más severas. El tsunami que ha supuesto esta crisis se ha llevado por delante a un buen número de hogares que disfrutaban de una posición privilegiada de integración plena. Si en 2018 casi la mitad de las familias castellanamanchegas se encontraban en esta situación ahora son solamente el 44% de los hogares que no ven afectada su participación con normalidad en la sociedad.
Así, la exclusión se ha ensanchado, implicando que uno de cada cuatro habitantes de la comunidad autónoma, en torno a 479 mil personas, se encuentran en una situación de importante desventaja. Más grave es el aumento del grupo de los más frágiles con un aumento del 37% de las situaciones de exclusión severa, alcanzando 232 mil personas. Es decir que las personas en situaciones más críticas ya representan la mitad de las personas presentes en el espacio de la exclusión social.
El informe también llama la atención sobre el deterioro que se ha dado entre el grupo de personas en una situación de exclusión más extrema y que acumulan el mayor número de dificultades. Casi 10 mil personas conforman la denominada sociedad expulsada en Castilla-La Mancha, esto significa que están en una situación más crítica y no cuentan con elementos compensadores que eviten el incremento de nuevas problemáticas que se acumulen a las previas.
Desigualdad y nuevas brechas
La desigualdad ha crecido tanto en la breve crisis económica provocada por la pandemia que durante la recesión del año 2008. Se han separado las realidades de quienes han mantenido su trabajo de manera ininterrumpida durante este periodo de crisis y quienes han sufrido el desempleo sin protección social, o el empleo reducido en jornada o en remuneración.
La desigualdad en términos de renta ha aumentado más de un 37%, cifra muy superior al incremento que tuvo durante la crisis de 2008.
Pero más allá de los ingresos y de las capacidades materiales de las familias, hay otras dimensiones sociales de la desigualdad con un impacto especial en estos tiempos, nos referimos a las oportunidades educativas o tecnológicas. Se han sumado nuevas brechas, como es la brecha digital, o se agravan brechas pre existentes como son las oportunidades educativas.
La digitalización que, por la naturaleza de las medidas de distanciamiento social, ha traído la pandemia está poniendo un nuevo elemento de desigualdad sobre la mesa; hablamos de la brecha digital, que afecta a 4 de cada 10 hogares en Castilla-La Mancha (45%), alcanzando a la mitad de los hogares que están en situación de exclusión.
Según Thomas Ubrich, “esto conlleva pérdida de oportunidades laborales, formativas, de relaciones o de acceso a derechos como ayudas y prestaciones sociales y que nuevamente afecta a quien más necesita de esas oportunidades: la población en situación de exclusión severa pierde cuatro veces más oportunidades por apagón digital que la población integrada”.
Joven, mujer y extranjero
Todas estas carencias desigualmente distribuidas generan un mayor impacto sobre unas personas que sobre otras. Así, vemos que hay dos brechas que siguen activas y que se hacen más profundas, como son el género y la nacionalidad de origen, y una tercera que adquiere cada vez más fuerza: la edad.
Esta crisis está feminizando aún más el espacio de la exclusión, si en 2018 la brecha entre los hogares encabezados por hombres y los encabezados por mujeres era reducida, con una diferencia de 4 puntos porcentuales, ahora esa brecha se ha multiplicado por 1,5 hasta afectar al 28% de los hogares cuya persona sustentadora principal es una mujer frente al 22% donde esa figura es un hombre.
Ser extranjero en Castilla-La Mancha sigue suponiendo una brecha. Las razones son claras: unas peores condiciones de vida, con viviendas peor ventiladas por las condiciones de acondicionamiento de la vivienda y con más hacinamiento; así como menores recursos para adoptar medidas preventivas y una mayor exposición al contagio por sus empleos.
Casi la mitad de los hogares encabezados por una persona de origen extranjero se encuentran en situación de exclusión, esto significa casi tres veces mayor que en los hogares encabezados por alguien de nacionalidad española, lo que dibuja una nueva línea de profundidad en la sociedad fracturada.
Otro de los colectivos que acumulan mayores factores de vulnerabilidad son los hogares con niños y la población trabajadora mayor. Por un lado, la presencia de niños, niñas y adolescentes en el hogar, las necesidades relacionadas con la crianza, también se relacionan claramente con la prevalencia de las situaciones de exclusión: el 31% frente al 17% de hogares sin menores de edad.
Por otro lado, el informe resalta un importante incremento de la tasa de exclusión entre las personas de entre 45 y 64 años. Esta población trabajadora más mayor está en la cuerda floja siendo uno de los grupos más castigados por el incremento de casi el 50% de la exclusión social. Este grupo fue uno de los grandes damnificados de la Gran Recesión y a quienes la posterior recuperación económica nunca terminó de llegar. El actual proceso de digitalización que ha traído la pandemia puede volver a minar su incorporación al mercado de trabajo y dificultar con ello su integración en la sociedad sin que las políticas públicas de inserción laboral estén prestando una especial atención a este colectivo.
Peores condiciones de trabajo
Pese a las cifras positivas que se están registrando los últimos meses, la crisis sigue dejando graves consecuencias que se reflejan en la cantidad, en la distribución y en la calidad del empleo disponible. Esta crisis ha profundizado dos tendencias que, sin embargo, ya existían antes de la Covid-19:
Se ha producido un empeoramiento de las condiciones de trabajo que genera más trabajadores pobres y menos realizados personal y socialmente.
Durante esta crisis la precariedad ha crecido con fuerza y alcanza a más de 71.000 hogares (9%) que dependen económicamente de una persona que sufre inestabilidad laboral grave. Lo que significa que en el último año ha tenido 3 o más meses de desempleo, 3 o más contratos diferentes, en 3 o más empresas distintas. Una inestabilidad laboral grave que genera pobreza económica pero también frustración, laboral y personal, pues impide desarrollar proyectos vitales estables y que tiene efectos a nivel psicológico y emocional.
La segunda tendencia que se constata es que se han hecho más altas las barreras para acceder al trabajo a una parte de las personas desempleadas, lo que genera una peligrosa tendencia a la cronificación de la situación de desempleo.
Durante la crisis, la situación de que el sustentador se encuentre en paro de larga duración ha alcanzado a más de 32 mil familias y el desempleo total familiar se ha multiplicado por 1,5 y hoy hay 79 mil núcleos familiares donde todas las personas activas están en paro. Y a pesar del aumento de la protección social no se ha logrado compensar esta situación y 41 mil familias siguen careciendo de algún tipo de ingreso periódico, predecible, que permita una mínima estabilidad.
La precariedad, el desempleo de larga duración y el desempleo total familiar encuentra su mayor impacto entre los sectores más vulnerables: personas jóvenes, personas de 45 a 65 años, personas de origen inmigrante y personas en situación de exclusión social son las más perjudicadas por este sistema laboral, que les ocupa principalmente en sectores no cualificados, en empleos temporales y precarios, con mayor exposición a la enfermedad durante la pandemia y con mayor proporción de despidos.
En relación a la salud, más de 132 mil hogares (17%) sufre falta de acceso a medicamentos o tratamientos por problemas económicos, una realidad que se dispara entre los hogares en situación de exclusión afectando a la mitad de estos.
En el ámbito de la vivienda, la dificultad en el pago de esta sigue siendo la casuística que más se repite. La combinación entre altos precios y bajos o inestables ingresos hacen que algo más de 83 mil familias, una vez realizado el pago del alquiler o la hipoteca, queden en situación de pobreza severa.
Estrategias de las familias para sobrevivir
En este mar agitado, las familias han tenido que desplegar distintas estrategias para no verse arrastradas por la marea. Durante esta crisis ha habido tres principales estrategias:
El 20% de familias ha acudido a ahorros propios. Aunque esta estrategia ha sido seguida por el 41% de hogares en exclusión, estos son los primeros en experimentar el agotamiento de estos recursos. Otra de las medidas más utilizadas por los hogares ha sido buscar o pedir dinero, ayudas o recursos extra (19%), un porcentaje que alcanza al 60% de los hogares en exclusión.
La reducción de gastos habituales es otra de las estrategias a las que han recurrido las familias. Cuando no existen ahorros y se han agotado otras redes de apoyo, la contención del gasto es una obligación. Una obligación que ha llevado a recortar los gastos en alimentación, ropa y calzado al 33% en Castilla-La Mancha, y que alcanza al 72% de las familias que sufren exclusión social.
La crisis también ha pasado su factura en las relaciones sociales, que han sufrido desgaste y debilitamiento. En Castilla-La Mancha la Covid-19 está tensando y erosionando con fuerza la calidad de las relaciones familiares, vecinales y de comunidad. De hecho, los indicadores de conflicto social son los que han sufrido el mayor crecimiento en términos relativos, multiplicando su incidencia por 3,5 hasta alcanzar el 8,5% de la población castellanamanchega. Una de cada diez familias considera que la pandemia ha tenido un gran impacto en el deterioro de sus relaciones sociales.
Retos y propuestas
Durante la presentación del informe, Thomas Ubrich ha reconocido que el esfuerzo de respuesta desde las políticas públicas ha sido notablemente mayor que en la crisis anterior aunque admitió que todavía hay un amplio margen de mejora. Frente a esta situación -indicó- es necesario perfeccionar el sistema de protección social a futuro con al menos nueve propuestas:
- Mantener de manera estable para el futuro las medidas provisionales tomadas en el caso de la salud, la vivienda o la protección social con las necesarias adaptaciones a periodos de estabilidad económica.
- Mejorar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital (IMV), ya que supone un notable avance social para corregir el desequilibrio de la protección social. Según datos del Ministerio, hasta septiembre del pasado año, se habían aprobado cerca de 11.000 solicitudes del IMV, que incluyen aproximadamente unas 29.000 personas beneficiarias, esto supone alrededor de 1 persona beneficiaria por cada 10 personas en situación de pobreza severa en Castilla-La Mancha (19% en España).
- La disolución parcial del Ingreso Mínimo de Solidaridad es una pérdida grave para el sistema de garantía de ingresos castellanomanchego, en particular para las familias más vulnerables. La Renta Mínima debe ser complementaria del IMV y servir para ayudar de manera directa a cubrir necesidades vitales de las familias.
- Reimpulsar un Estado de Bienestar que, dé acceso a los derechos de todas las personas, empezando por los más vulnerables, y que desvincule el acceso a los derechos de la relación con el mercado laboral
- Es urgente implementar medidas que reduzcan la hiperflexibilidad, en los empleos que más afectan a los sectores excluidos, empleos no cualificados, temporales y precarios, que afectan sobre todo a los sectores llamados “esenciales” de la limpieza, los cuidados, la hostelería y las labores agrícolas entre otros.
- Deberían complementarse los salarios escasos con otras medidas redistributivas, a modo de estímulos al empleo, bien a partir de prestaciones complementarias para los trabajadores de bajos salarios, bien como deducciones fiscales reembolsables.
- Entre los retos pendientes, también está el de garantizar un sistema de salud público de calidad y el de un cambio de estrategia en el ámbito de la atención a personas en situación de dependencia y con necesidad de cuidados. Para garantizar la igualdad y evitar la exclusión social, es preciso incrementar la inversión en atención sanitaria, para mejorar la calidad y atender específicamente la salud mental. Una salud mental que sufrió un gran deterioro tras la crisis del 2008, que se recuperó lentamente en los años de bonanza, y que ha vuelto a sufrir un gran impacto con la pandemia. Las familias en las que alguien sufre un trastorno de salud mental han aumentado un 40%, pasando del 8% en 2018 al 11% en 2021.
- Poner en marcha políticas frente a la exclusión residencial, ya que desde 2018 se ha triplicado el porcentaje de hogares que residen en viviendas insalubres (hasta el 11% en 2021) y se ha duplicado aquellas familias que viven en viviendas con deficiencias graves en la construcción (hasta el 3% en 2021). Además, la Covid-19 ha hecho empeorar o tensionar la mayoría de los indicadores de acceso y mantenimiento de la vivienda. Se mantiene muy alto, 83 mil, el número de familias que sufrieron retrasos, o no tuvieron dinero suficiente, para el pago de alguno de los gastos relacionados con la vivienda, como el pago del alquiler o la hipoteca.
- Disponer de políticas públicas que pongan los medios necesarios para que todas las personas puedan superar la brecha digital. Sin olvidar que es preciso mantener las puertas no digitales abiertas, de forma que el proceso de adaptación de las personas más excluidas de la digitalización, no les deje fuera del terreno de juego.
- Avanzar hacia unos servicios sociales adaptados a las realidades sociales del siglo XXI. Ante los enormes retos globales que afrontan las políticas sociales como son, entre otros, el envejecimiento de la población, la lucha contra la exclusión social, la protección de niños, niñas y adolescentes vulnerables y la integración de la población inmigrante, precisamos de servicios sociales adaptados a las nuevas realidades sociales.