Una sociedad que pide más Estado en la vivienda

El barómetro de Vivienda 2026 del CIS revela un amplio consenso: tres de cada cuatro personas quieren que el Estado intervenga en el mercado para garantizar el acceso a la vivienda. Los análisis de FOESSA ayudan a entender por qué

Ocho de cada diez personas en España creen que la vivienda debe tratarse antes como un derecho que como una mercancía. No lo dice un manifiesto, lo dice la sociedad española en el barómetro monográfico de Vivienda 2026 del Centro de Investigaciones Sociológicos (CIS), con más de 6.000 entrevistas. Sus resultados dibujan una sociedad que ha dejado de esperar que el mercado resuelva por sí solo el acceso a un hogar.

Lo que dice el barómetro

El dato más llamativo: el 76,3% de personas encuestadas cree que el Estado debe intervenir en el mercado tanto como sea necesario para garantizar el acceso de todas las personas a la vivienda. Solo una minoría prefiere que se rija por la oferta y la demanda.

El consenso alcanza también a los principios: el 79% considera que habría que priorizar la vivienda como derecho constitucional, frente al 13,5% que la ve como “un bien de mercado”. Por su parte, el 44,5% señala al Estado como la administración que debería tener mayores competencias para mejorar este acceso.

La preocupación es casi unánime: el 86,9% está muy o bastante preocupado por la situación de la vivienda, y el 91,2% pide a las administraciones que construyan más vivienda pública.

El retrato se completa con las expectativas: el 93,5% preferiría vivir en propiedad, pero el 80,6% no tiene planes de comprar en los próximos dos años. Entre quienes querrían comprar y no lo prevén, ocho de cada diez no tienen dinero para la entrada y siete de cada diez carecen de ingresos para afrontar las cuotas. La aspiración sigue intacta; la posibilidad, no.

Lo que explican los datos de FOESSA

Estas percepciones coinciden con lo que mide y analiza el estudio La vivienda imposible: del alquiler inaccesible al realquiler de supervivencia, presentado por Cáritas y la Fundación FOESSA.

Según el modelo de FOESSA (1) comprar la vivienda de referencia exige unos 40.756 euros de ahorro previo y 2.438 euros de ingresos mensuales. El 69,5% de la población que vive de alquiler queda por debajo de ese umbral de ingresos. La barrera no es solo de renta, es también de patrimonio.

El alquiler tampoco es una salida para todos. El 50,6% de quienes alquilan no tendría hoy ingresos suficientes para firmar un nuevo contrato sin destinar más del 30% de sus recursos a la vivienda.

Cuando no se puede comprar ni alquilar, la necesidad no desaparece, sino que se desplaza a los márgenes. En 2025, 266.435 personas atendidas por Cáritas, una de cada cuatro, vivían en habitaciones realquiladas o subarrendadas, a menudo sin contrato, sin poder empadronarse y con riesgo constante de expulsión. Es la “presencia sin permanencia”: tener una llave, un techo, pero no un hogar.

El impacto no se reparte por igual. Golpea con más fuerza a hogares jóvenes, familias monoparentales, personas migrantes y hogares con ingresos bajos o variables. La posición residencial se ha convertido en un factor decisivo de la estructura social: para unos, la vivienda es seguridad que se transmite entre generaciones; para otros, un factor de empobrecimiento.

Un mandato para lo público

Leídos juntos, el barómetro y el informe cuentan la misma historia desde dos ángulos: el CIS recoge lo que la ciudadanía percibe; FOESSA mide por qué lo percibe. Si siete de cada diez inquilinos no pueden comprar y la mitad no podría alquilar hoy, no sorprende que tres de cada cuatro personas pidan más intervención pública.

Ese respaldo es una oportunidad y también una exigencia. No basta con construir más vivienda en abstracto: importa cuál, dónde, para quién y a qué precio. Si alguien no puede pagar 1.200 euros de alquiler, que aparezcan más pisos a ese precio no resuelve su problema.

Desde FOESSA y Cáritas proponemos ampliar y proteger el parque público de vivienda social, desarrollar oferta asequible para quienes tienen ingresos, pero no logran acceder, regular y reducir el alquiler turístico y de temporada, reforzar la seguridad en la tenencia y proteger a los hogares más vulnerables. Y todo esto adaptando las respuestas a cada territorio, porque la tensión no adopta la misma forma en todas partes.

El mercado, el tercer sector y las cooperativas tienen su papel. Pero la garantía de un derecho no puede depender solo de la capacidad de cada persona para pagarlo, necesita de un compromiso estable y de largo plazo por parte del Estado. La ciudadanía lo ha dicho con claridad. Ahora la eficacia de las políticas se medirá por cuántas personas logren convertir una vivienda en un hogar.

[1] La metodología utilizada para el cálculo de este modelo puede consultarse en el informe citado, también disponible aquí.