La exclusión social en Castilla-La Mancha afecta al 20% de la población
El 22% de la población castellano-manchega está afectada por algún rasgo de exclusión residencial
Hoy se ha presentado en la Biblioteca Regional, en Toledo, el IX INFORME SOBRE EXCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL EN CASTILLA-LA MANCHA, una presentación que ha corrido a cargo del arzobispo de Toledo, D. Francisco Cerro Chaves, la presidenta de Cáritas Castilla-La Mancha, Rosa García, y la técnico de la Fundación de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (FOESSA), Marina Sánchez-Sierra.
El arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro , ha indicado que la Iglesia, en su recorrido de acompañamiento a las personas socialmente vulnerables, entiende que comprender la realidad es una dimensión básica de la Caridad. Por esa razón, los estudios de FOESSA son investigaciones rigurosas, coherentes y consistentes con la realidad; pero, al mismo tiempo, son análisis amasados desde la experiencia de voluntarios y voluntarias, profesionales de la acción social y la investigación, comunidades parroquiales y proyectos sociales que se han gastado y desgastado en el compromiso con las personas más frágiles.
Para la presidenta de Cáritas Regional de Castilla-La Mancha, Rosa García, la presentación de este informe “es, sobre todo, una herramienta que tiene el potencial de mejorar nuestro trabajo de intervención con las personas más empobrecidas. Es importante subrayar esta idea: la Fundación FOESSA no nace para simplemente analizar, sino que tiene, desde el principio, la intención de transformarla.”
Ha continuado diciendo que la realidad que nos presenta este IX Informe FOESSA es sumamente expresiva de nuestra situación. En este sentido ha comentado que “estamos construyendo una sociedad desigual en la que la exclusión social se consolida como elemento estructural, en la que se producen graves brechas sociales, entre las que destaca la brecha generacional, con la vivienda y el empleo como ejes articuladores de los procesos de exclusión.”
Una sociedad con vínculos fragilizados que vive en la incertidumbre y, en cierta medida, en el miedo, consciente de los riesgos que corre y de que estos tienen su origen en nuestras propias maneras de hacer, pero que lejos de modificarlas, se refugia en un poco probable “sálvese quien pueda”, desde una lógica individualista que es urgente superar.
La presidenta de Cáritas Regionalde Castilla-La Mancha, Rosa Garcia, ha explicado que el mayor interés para Cáritas es lograr que esta tarea investigadora de FOEESA sirva a las personas que viven en el lado oscuro de nuestra realidad, de todos esos descartados a los que Cáritas sitúa siempre en el centro de sus acciones.
“Creemos que este IX informe, y su reflejo territorial, servirán para que todos asumamos, en lo político, en lo personal y en lo comunitario, la cuota de responsabilidad que tenemos en la construcción de soluciones y oportunidades”, ha concluido Rosa García.
Principales conclusiones del IX Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla-La Mancha
Por su parte la técnico de la Fundación FOESSA, Marina Sánchez, ha desgranado las principales conclusiones del IX INFORME SOBRE EXCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL EN CASTILLA-LA MANCHA (Informe Foessa). Este informe describe un proceso de fragmentación social, con una clase media en retroceso y el desplazamiento de muchas familias hacia estratos inferiores. Tras dos décadas de crisis, las recuperaciones no han cerrado la brecha. La exclusión social se profundiza y se cronifica, pues ganan peso en este territorio las situaciones de exclusión más severas.
El IX Informe FOESSA es el resultado del trabajo de casi 500 personas. Detrás de él hay un equipo solvente y comprometido con la realidad de quienes más sufren la exclusión: 180 investigadores de 51 universidades, centros de investigación y entidades sociales, junto a más de 300 profesionales que realizaron las encuestas. En el caso de Castilla-La Mancha, se ha entrevistado a una muestra representativa de hogares en todo el territorio, dedicando más de una hora en cada hogar a conocer de cerca sus condiciones de vida y sus dificultades cotidianas.
El informe FOESSA en Castilla-La Mancha habla de pobreza, pero principalmente habla de exclusión social, que va más allá de la falta de ingresos. Es un concepto mucho más amplio que abarca numerosas realidades además de la pobreza económica. Es un fenómeno complejo que supone la acumulación de distintas dificultades y limita la integración de las personas en la comunidad. “Analizamos dimensiones clave como el empleo, los ingresos, la vivienda, la salud, la participación, el aislamiento y el conflicto social para entender cómo y por qué se producen las situaciones de exclusión”, según ha explicado Marina Sánchez.
A continuación, se han presentado algunos de los rasgos más relevantes de la realidad de Castilla-La Mancha, con especial atención a la desigualdad, la exclusión y los factores que las alimentan.
Vivimos un proceso inédito de fragmentación social
El IX Informe FOESSA revela que la desigualdad es el motor principal de la pobreza y la exclusión social en España y en Castilla-La Mancha. A pesar del crecimiento económico, España mantiene una de las tasas de desigualdad más elevadas de Europa. Aunque Castilla-La Mancha ha logrado reducir su tasa de desigualdad en los últimos seis años, la persistencia de la misma se traduce en vulnerabilidad en ámbitos esenciales como la vivienda, el empleo, la salud y la protección social.
En Castilla-La Mancha se observa un retroceso de las situaciones más favorables, las de integración plena, y un aumento de la precariedad. El actual contexto socioeconómico no logra recuperar los niveles de bienestar alcanzados en 2018, lo que evidencia un ensanchamiento del espacio de vulnerabilidad social.
Hoy, la exclusión social en Castilla-La Mancha afecta al 20% de la población. Así hablamos de que 1 de cada 5 personas sufren exclusión social en sus distintas manifestaciones en la Región. Aunque se ha producido una mejora significativa con respecto al 2021, año en el que medíamos las consecuencias de la Covid19, la exclusión social ha aumentado y afecta a 428.000 personas.
En comparación con el año 2018, se aprecia que ha mejorado la dimensión del empleo, es decir, se reduce el número de personas afectadas en el ámbito laboral, y la dimensión del consumo se mantiene prácticamente estable, pero empeoran el resto (educación, salud, conflicto y aislamiento social y, especialmente la dimensión política). La vivienda se mantiene como un elemento clave que condiciona la vida en la región.
No fallan las personas, falla el sistema
La técnico de la Fundación Foessa ha manifestado que “me gustaría que pusieran atención a la siguiente idea: no fallan las personas, falla el sistema”. El mito de la pasividad de las personas en situación de pobreza y exclusión, esa idea de que viven de prestaciones sociales sin buscar soluciones o emprender acciones para su inclusión, es falsa, tal y como lo demuestra la evidencia.
La mayoría de hogares en exclusión trabajan o buscan empleo, estudian, se forman, activan redes y siguen planes de inclusión, pero chocan con barreras estructurales. Tres de cada cuatro hogares en exclusión severa activan estrategias de inclusión, pero se topan con dispositivos fragmentados, con recursos escasos y muy poco personalizados.
Avanzando en los problemas claves, hoy la exclusión social en Castilla-La Mancha funciona sobre dos motores principales que se retroalimentan: la vivienda y el empleo. La vivienda expulsa del territorio y de una vida digna, a la vez que el empleo ha perdido su capacidad para rescatarnos de esa expulsión.
La vivienda es el epicentro de la desigualdad y exclusión
La vivienda en Castilla-La Mancha se ha convertido en el epicentro de la desigualdad: el 22% de la población castellano-manchega está afectado por algún rasgo de exclusión residencial.
Los precios –de compra y alquiler– crecen mucho más rápido que los ingresos. Entre 2018 y 2024 el Índice de Precios de la Vivienda subió un 23% en Castilla-La Mancha (+35% obra nueva; +21% segunda mano), una cifra muy lejana al incremento de los salarios.
En alquiler, la presión es doble: en Castilla-La Mancha el 47% de las personas que viven en régimen de alquiler a precios de mercado están en riesgo de pobreza (España 45%). Además, la cuota mediana del alquiler ha aumentado un 28% entre los años 2018 y 2023. Entre las capitales de provincia, el mayor incremento se registró en Toledo (29,4%) seguida de Guadalajara (28%).
Este incremento del coste de la vivienda se refleja en que 89.000 hogares destinan tantos recursos al pago de la vivienda y los suministros que, una vez pagados, se quedan por debajo del umbral de la pobreza severa.
Es evidente, la vivienda es el cuello de botella de la integración social en Castilla-La Mancha. Es, ahora más que nunca, un “derecho fake”. La vivienda debería convertirse en un pilar del bienestar: para ello es crucial superar las medidas paliativas y adoptar una estrategia estable que priorice el derecho a la vivienda sobre su valor de mercado. Sin una política de vivienda seria, la mejora económica no se traduce en integración social.
El empleo se recupera, pero el bolsillo no lo nota
Una buena noticia que arroja el Informe FOESSA en Castilla-La Mancha es que se crea empleo y estabiliza parte del mercado, pero los salarios reales y la precariedad laboral matizan la mejora. Se trabaja más sin que eso garantice alejarse del borde del precipicio a una parte de la población.
Entre 2018 y 2024 el número de personas ocupadas se ha incrementado en Castilla-La Mancha casi un 12% (11,7%) (España 12%). Al mismo tiempo la temporalidad se ha reducido notablemente, y ambas tendencias han actuado como elementos integradores para una parte de la población.
Pero la letra pequeña cambia la fotografía general. Los salarios han subido en nómina, sí, pero apenas han ganado poder de compra: entre 2018 y 2023 el sueldo medio creció en un 14% en euros corrientes, pero se ha reducido en euros reales (-3,6%).
Además, la precariedad no desaparece: parcialidad involuntaria (7%) e inestabilidad laboral grave (4,7%) siguen marcando a una parte importante de quienes trabajan. Entre los hogares que ya estaban en peor posición, el avance se nota, pero no lo suficiente.
Aquí reside la gran paradoja castellano-manchega: la recuperación del empleo no se traduce en una reducción de la exclusión social. El estancamiento de los salarios en términos reales, el precio de la vivienda y la precariedad laboral hacen que trabajar ya no garantice la inclusión social. El 14% de los hogares de la región están afectados por problemas de exclusión en el empleo (inestabilidad laboral grave, parcialidad involuntaria, desempleo).
Las políticas de inclusión en el ámbito laboral deben concentrarse en dos frentes: las personas desempleadas y quienes ocupan puestos de baja calidad. Son los grupos donde el desempleo y la mala calidad del empleo actúan con mayor intensidad generando carencias y exclusión, por lo que el esfuerzo público debe priorizarlos.
Pobreza, desigualdad y garantía de ingresos en Castilla-La Mancha
En 2024 casi un 30% de la población está en riesgo de pobreza en Castilla-La Mancha (más de 570.000 personas), un porcentaje notablemente superior al 19% que presenta el conjunto del país. Pero lo más preocupante es que las tasas de pobreza se mantienen de forma sistemática por encima del 25% entre 2018 y 2024, lo que nos habla de una situación de cronificación de la pobreza. Nos dicen que, a pesar de las mejoras económicas globales o de los esfuerzos personales1 de cada 4 familias no logra salir de la situación de pobreza.
La fragilidad económica persiste y, en algunos frentes, empeora. En 2024, alrededor del 8% de la población castellano-manchega sufre carencia material y social severa (España: 8%), lo que se refleja en una fragilidad cotidiana que lleva a que casi 4 de cada 10 personas no puedan afrontar gastos imprevistos o que el 20% no puedan permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada (14% en 2018). El cuadro es claro: la pobreza se cronifica con fuertes impactos en las condiciones de vida.
En este contexto, el sistema de garantía de ingresos no está a la altura de las necesidades, y este es uno de los hallazgos más graves de este informe. Por un lado, cuatro años después de su implantación, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) amplía cobertura en Castilla-La Mancha, pues entre 2021 y 2024 el número de hogares beneficiarios se ha multiplicado por 2,3 en la Región (2,6 en el conjunto estatal). Sin embargo, el Ingreso Mínimo Vital solo llega al 51% de las personas en pobreza severa en Castilla-La Mancha (un número similar al del conjunto de España (50%).
La brecha no es solo administrativa, es informativa: el 64% de los hogares en pobreza severa no ha oído hablar del IMV. Es el clásico problema de non take-up: la prestación existe, pero no llega a quien la necesita.
El IMV no es, en todo caso, la única prestación de garantía de ingresos a las que se puede acceder en Castilla-La Mancha. El IMV es una prestación compatible con los programas de rentas mínimas autonómicos, con las que coexiste desde que se puso en marcha la prestación estatal, en 2020. Sin embargo, el Ingreso Mínimo de Solidaridad está en vías de extinción. Esta prestación de garantía de ingresos autonómica actualmente se dirige solo a quienes tengan reconocida esta ayuda con anterioridad al 5 de enero de 2021. Los datos muestran que la cobertura de esta prestación se ha reducido claramente desde la entrada en vigor del IMV pasando del 0,53% en 2019 al 0,06% de personas titulares en 2023. Así, Castilla-La Mancha se sitúa entre las Comunidades Autónomas que han aprovechado la introducción del IMV para reducir la cobertura y el gasto de su sistema de rentas mínimas.
En conclusión, Castilla-La Mancha mejora sus indicadores de desigualdad, pero no los de pobreza, en parte debido a un sistema de garantía de ingresos con un gran potencial de mejora. La cobertura es baja y la información una barrera crítica. La prioridad es reactivar la renta mínima autonómica como complemento funcional del IMV: más inversión y cobertura en renta para cerrar huecos (acceso, tiempos de espera, contingencias), junto con políticas activas de información y acompañamiento. Es la vía más rápida y justa para consolidar los avances y reducir la privación material que aún golpea a demasiados hogares.
Las relaciones sociales avanzan hacia una red rota y desigual
Pero si hay otro factor que el informe destaca como una importante herida, es una estructura de relaciones desigual y erosionada que, en no pocos casos, fractura el sostén cotidiano y aísla a los más expuestos. Los problemas ligados al conflicto y el aislamiento social han aumentado en Castilla-La Mancha desde 2018, aunque la afectación en el eje relacional se mantiene en valores por debajo de la media del estado.
El mapa interno es desigual: la soledad estructural castiga especialmente a quienes están fuera del sistema. Esto se refleja en que, entre los hogares integrados, el aislamiento social se mantiene en niveles muy bajos, mientras que un 12% de los hogares en exclusión sufren este aislamiento social. Quienes más carecen de redes y vínculos fuertes y sostenibles, son también los que más los necesitan.
Además, la solidaridad entre hogares se ha visto notablemente afectada. El porcentaje de hogares que dan algún tipo de ayuda (mutua o unilateral) ha pasado del 81% en 2018 al 52% en 2024. Una deriva general preocupante del deterioro de las redes en la región.
No debemos olvidarnos de una sombra: el 15% de los hogares castellano-manchegos dice haber sufrido discriminación; entre quienes viven en exclusión la cifra se dispara y alcanza al 55%. El motivo de discriminación más repetido entre los hogares vulnerables es la nacionalidad o el origen (31%). La consecuencia es devastadora: el 88% de las personas excluidas que sufren discriminación reportan pérdida de oportunidades, sobre todo en el empleo y en sus relaciones sociales.
Donde se tejen vínculos, la exclusión se vuelve reversible; donde se rompen, la exclusión se acelera. Reconstruir esos lazos exige reconocer lo relacional como estratégico: las políticas deben medir y fortalecer el capital social (familia, vecindad, asociaciones) con acciones preventivas y comunitarias. Las respuestas, por tanto, deben actuar sobre ambos planos, material y relacional, lo que nos llevaría a la necesidad de unos servicios sociales orientados a promover conexión y habilidades relacionales, más allá de gestionar prestaciones.
La erosión de la equidad en el cuidado de la salud y en el acceso a la sanidad
En Castilla-La Mancha, más de 300 mil personas tienen dificultades para acceder a una alimentación suficiente, a los servicios y productos sanitarios que precisan o a la atención médica adecuada para problemas de salud crónicos o graves.
El empeoramiento en la dimensión de la salud viene determinado fundamentalmente por las dificultades económicas, que implican que:
-Las necesidades no cubiertas en odontología se han duplicado, afectando hoy al 23% de la población de Castilla-La Mancha.
-El número de hogares que ha pasado hambre con frecuencia en la última década o está pasando hambre ahora se ha multiplicado por 3,4.
Otro rasgo preocupante es la erosión de la equidad en el acceso. Según arroja el Informe FOESSA estamos transitando hacia un modelo de doble velocidad en el que el porcentaje de población que accede a seguros privados casi se ha duplicado en seis años. Así, estamos permitiendo que el acceso a la sanidad dependa de la cartera, convirtiendo un derecho fundamental en un privilegio.
El desgaste que presenta el informe FOESSA tiene un claro impacto en el bienestar, y la relación con la integración influye en este sentido: la proporción de personas en situación de exclusión severa que valoran de forma negativa su salud mental son cinco veces más que en el caso de las personas en situación de integración plena.
A nivel de diagnósticos, el dato es rotundo: en Castilla-La Mancha, la prevalencia de trastornos de salud mental entre la población en exclusión severa es del 8,7%, frente a un 2,1% entre quienes se encuentran en integración plena.
Quiénes concentran el riesgo: Los rostros de la exclusión social en Castilla-La Mancha
La exclusión social en Castilla-La Mancha no se distribuye al azar: tiene rostros reconocibles que se repiten en el territorio y que combinan recursos materiales, procedencia, edad y estructura del hogar. Lejos de ser una suma de carencias individuales, la exclusión es el resultado de posiciones sociales que concentran desventajas y exponen a ciertos grupos a mayores barreras para participar plenamente de la vida económica, política y cotidiana.
Primero: origen y nacionalidad
El primer rostro está influido por el origen y la nacionalidad. Las personas de nacionalidad extranjera enfrentan tasas de exclusión social casi 3 veces superiores a las de nacionalidad española (46% frente a 16%) y las de origen extranjero 2,7 veces superiores a las nacidas en España.
La participación política actúa como un vector adicional de exclusión. Los obstáculos a la participación política derivados de la nacionalidad extranjera son la tercera problemática de exclusión más frecuente en Castilla-La Mancha, afectando al 11% de la población. La exclusión no es, por tanto, solo material: también es cívica.
Segundo: infancia y juventud
La infancia y la juventud configuran el segundo rostro y concentran una vulnerabilidad singular: la tasa de exclusión entre menores de 18 años (36,5%) es casi cinco (4,8) veces superior a la de las personas de 65+ (7,6%).
Además, los hogares con dos o más menores presentan una incidencia de la exclusión (39%) que multiplica x4 la de los hogares formados solo por adultos (9%). Aquí la exclusión se asocia menos a la vejez y más al período de crianza, con picos en la población menor de 18 años y en el tramo de 18 a 44 años (en torno al 23%).
Esta pauta sugiere que las necesidades de cuidado y el sobrecoste en etapas de crianza tensan los presupuestos y elevan los riesgos, un diagnóstico respaldado por la sobrerrepresentación de hogares con menores de edad dentro de la exclusión: estos hogares suponen el 76% de toda la población excluida en Castilla-La Mancha.
La vulnerabilidad también afecta especialmente a la población joven. Una realidad que se explica por un mercado de trabajo que sigue penalizando el acceso al empleo: la tasa de paro entre los jóvenes menores de 30 años es del 24%, un porcentaje muy superior a la tasa general de la comunidad (13%). La fuerte presencia de inestabilidad laboral entre la juventud reduce la capacidad de ahorro y emancipación. Además, una vivienda encarecida y precaria actúa como embudo. El resultado es una transición a la adultez más larga y frágil, con proyectos de formación, movilidad y crianza postergados, en la que los hogares encabezados por jóvenes concentran con mayor frecuencia problemas residenciales y un riesgo social más alto.
Tercero: Composición del hogar
El tercer rostro está relacionado con la composición del hogar. La exclusión afecta al 39% de hogares en los que hay dos o más niños, niñas o adolescentes (<18 años), un porcentaje que ha aumentado en 14,4 puntos porcentuales desde 2018. Dificultades que atraviesan a las familias y que explican, en parte, por qué las familias tienen menos hijos de los que desearían.
Un modelo de sociedad que nos enferma y nos divide
El informe describe un modelo social agotado, que produce desigualdad, precariedad y fractura. Vivimos en una sociedad que desgasta tanto a las personas como al planeta: una estructura económica que consume recursos naturales y humanos más rápido de lo que puede regenerarlos. La exclusión refleja las fallas del modelo social, no de las personas que la padecen. Es el espejo de una sociedad que proclama derechos universales, pero restringe el acceso efectivo a ellos.
Es un modelo ecológicamente insostenible, basado en el sobreconsumo y en la extracción desigual de riqueza, donde las clases altas multiplican su huella ambiental mientras millones de hogares sufren escasez energética o con especial fuerza los efectos del cambio climático.
También es un modelo individualista, sostenido sobre una meritocracia ficticia que convierte la desigualdad estructural en un supuesto fracaso personal. Esta lógica fragmenta los vínculos comunitarios y bloquea la cohesión social.
El resultado es una sociedad del miedo y la desconfianza, en la que la precariedad vital, la crisis ecológica y la desinformación alimentan el repliegue individualista y la desafección democrática. Todo ello deja un saldo humano de vidas bloqueadas, aisladas y sin esperanza, especialmente entre las generaciones más jóvenes.
Sin embargo, el informe también identifica semillas de esperanza: en la acción y el desarrollo de las redes comunitarias, los movimientos sociales y las prácticas cotidianas de solidaridad que muestran la voluntad de cambio y el deseo de reconstruir un sentido de comunidad.
Hacia un nuevo modelo de sociedad: cuidar la vida, no consumirla
Seguir con las mismas políticas y valores nos conduce al colapso social y ecológico. El informe propone un cambio de paradigma: pasar de una sociedad centrada en el crecimiento y el rendimiento a otra basada en el cuidado, la interdependencia y la justicia social y ecológica.
Este nuevo modelo reconoce que dependemos unos de otros y del entorno natural, y que el bienestar no puede medirse solo por el consumo individual, sino por la capacidad de “biencuidar”: garantizar vidas dignas y sostenibles para todos.
Como hemos dicho, las redes sociofamiliares son decisivas en los procesos de inclusión. Allí donde los vínculos son frágiles o inexistentes, las trayectorias de exclusión se agravan; fortalecer esos lazos es esencial para el cambio.
Necesitamos un cambio de paradigma con dos motores: requiere instituciones públicas fuertes y una sociedad civil activa, capaces de cooperar por el bien común. Implica políticas integrales que actúen sobre las raíces de la desigualdad. Políticas que no solo reparen, sino que prevengan la exclusión desde su origen.
Políticas y medidas que no solo redistribuyan, sino que predistribuyan para frenar la desigualdad en su origen. Políticas que abordan de forma estructural:
-La vivienda, sin duda abogamos por ampliar el parque de alquiler social; y generar mecanismos que permitan frenar subidas abusivas de precios.
-El empleo: tolerancia cero a la precariedad; impulsar empleos verdes y de cuidados y dignificarlos como esenciales.
-La fiscalidad: más capacidad recaudatoria y progresividad real para sostener el Estado del Bienestar.
-La protección social: ingresos garantizados y suficientes; servicios públicos reforzados con enfoque comunitario.
Políticas para impulsar la integración real desde el primer día de la población migrante. Un sistema de acogida digno y estable, con itinerarios más allá de lo laboral. Debemos superar las miradas defensivas y funcionalistas y apostar por una narrativa intercultural y la generación de un “nosotros” inclusivo. Es urgente agilizar los procesos de regularización para reducir la irregularidad y, así, garantizar derechos.
Exigimos políticas valientes, concretas y evaluables y con enfoque de equidad territorial que aseguren el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. No es un capricho: es una obligación de todas las administraciones. El desafío es construir un nuevo pacto social que ponga la vida en el centro, combata la desigualdad y promueva una ciudadanía inclusiva e intercultural.
El informe nos invita a elegir entre dos caminos: Podemos seguir por el camino actual, el del individualismo, la desigualdad y la insostenibilidad, que nos lleva a una sociedad del miedo. O podemos elegir un cambio de rumbo valiente, construir un nuevo imaginario social basado en el cuidado mutuo, la justicia y la responsabilidad compartida. Ese es el camino que, desde FOESSA y Cáritas, creemos posible y necesario.
El arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chaves, ha dado las gracias a todos los medios de comunicación por compartir este espacio en el que se ha presentado el IX Informe FOESSA y confía en que conocer la realidad nos hace poder trabajar mejor con los más vulnerables y conseguir ese otro mundo mejor para todos.