Informe FOESSA en Extremadura: Segunda Comunidad con mayores niveles de exclusión social
El estancamiento de las situaciones de exclusión severa apunta a un alto riesgo de cronificación y polarización social.
El Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Extremadura, que se ha presentado hoy en Mérida es, en palabras de su coordinador Guillermo Fernández, “un relato del momento de incertidumbre en el que nos encontramos y una mirada a nuestra cohesión social para analizar cómo vivimos y reaccionamos ante la gran recesión, cómo estamos enfocando la salida y cuáles son las consecuencias de la crisis en la poscrisis en Extremadura”.
Para la realización del VIII Informe en Extremadura se ha contado con un equipo de investigación solvente y comprometido con la realidad de los más pobres, que ha realizado entrevistas en profundidad a una muestra representativa de los hogares y la población extremeña repartida por el conjunto del territorio de la comunidad autónoma.
El Informe FOESSA Extremadura pone de manifiesto las consecuencias de la gran recesión y cómo se está enfocando la salida de ésta. Vivimos en un momento de clara mutación social. Un tiempo donde las brechas que se están produciendo, como la desigualdad, la debilidad de los sistemas de gobernanza globales, la erosión de las instituciones públicas, la gestión insolidaria de las crisis, el ascenso de los particularismos y las actitudes reactivas y xenófobas que consolidan el individualismo, alcanzan los aspectos más esenciales de nuestro ser. Este Informe es un relato realizado al servicio de nuestros decisores políticos y de la sociedad en su conjunto.
¿Qué está sucediendo en Extremadura?
La primera idea es que la exclusión social se enquista en la estructura social, no solo en España, sino también en nuestra región. Hoy el número de personas en exclusión social en Extremadura es de 248 mil, el 23,2% de la población de la comunidad autónoma. Es lo que denominamos la sociedad estancada, un grupo de personas para las que el ascensor de la movilidad social no funciona y no es capaz de subir siquiera a la primera planta. Desde el 2013 a 2018 la exclusión social ha pasado del 26,7% al 23,2%. Son tasas de exclusión social muy superiores a las del conjunto de España, debido al mayor peso de la población en situación de exclusión moderada
Pero dentro de ella, existe un grupo especialmente vulnerable afectado por problemas de exclusión, que acumulan tantos problemas en la vida diaria que les impide tener un proyecto vital mínimamente estructurado, son 79 mil personas en situación de exclusión social severa. Ha pasado de representar un 7,7% de la población extremeña en el año 2013 a un 7,4% en el año 2018, manteniéndose estancado el volumen de este grupo a pesar del periodo de recuperación. Son el grupo sobre el que se ceba la desigualdad y la precariedad en sus diferentes formas. La vivienda insegura e inadecuada, el desempleo persistente, la precariedad laboral extrema y su invisibilidad para los partidos políticos, son algunas de sus características.
La segunda idea es que Extremadura se caracteriza por una tendencia dicotómica durante la recuperación, en la que conviven una mejora nítida en los niveles de integración (del 30,5% de la población en el año 2013 al 40,1% hoy en día) y en los índices económicos, aparejados a un aumento de la desigualdad, que tradicionalmente era baja en Extremadura, pero que al mismo tiempo presenta un estancamiento de la exclusión severa, que no siente los efectos de la recuperación y, de hecho, agrava sus condiciones de vida, produciéndose un proceso de acumulación de dificultades en la parte más crítica de la exclusión severa.
En ese sentido, los datos de la encuesta ponen por tanto de manifiesto la existencia de un alto riesgo de cronificación de las situaciones de exclusión social y, sobre todo, de polarización de la estructura social, puesto que crece claramente el espacio de la integración mientras se estanca la exclusión social, que representa a una de cada cuatro personas en el conjunto de la Comunidad. Quien ha soportado en mayor medida los efectos de la crisis ha sido el grupo poblacional con menos ingresos, que ha visto mermada su renta en un 6,8%. Por el contrario, el 20% de la población más rica habría incrementado su renta en un 7,4%.
Por otro lado, se han identificado tres bloques principales de riesgos sociales que afectan con más fuerza en Extremadura.
El primero se refiere al empleo como factor de integración. Es la dimensión más determinante y significativamente mayor que en el resto de España. A pesar de la reducción progresiva del desempleo, es una realidad persistente y ahora menos protegida, que, junto con la precariedad, manifestada en temporalidad, parcialidad e itinerarios cíclicos que alternan períodos cortos de empleo con otros de desempleo, generan trabajadores pobres y excluidos y limitan las posibilidades de integración de muchos colectivos. Algunas cifras sobre la pérdida de capacidad de integración del empleo:
• El 20,1% de las personas que trabajan están en exclusión social en Extremadura, seis puntos más que en España.
• La exclusión social está en Extremadura más ligada a la baja intensidad laboral que en España, debido a su mayor peso en la estructura poblacional. Si en el conjunto del país los hogares con intensidad laboral media baja y baja representan la mitad de los hogares en situación de exclusión social, en Extremadura representan el 61,5%
• Relacionado con el nivel de ingresos, hay que destacar que los hogares extremeños tienen menor capacidad de afrontar sus deudas que en el conjunto de España
• Los niveles de exclusión social son más elevados entre la población con jornadas parciales que entre los que la realizan a jornada completa.
El segundo bloque de riesgos se refiere a la vivienda, ya que es un factor clave en las dinámicas de exclusión social. El acceso a una vivienda digna se ha convertido en un derecho inaccesible para muchas familias, que sufren la inseguridad y la inadecuación de su hogar, y una influencia notable sobre los recursos económicos, sobre el estado de salud y sobre los proyectos vitales de los más jóvenes. En Extremadura la exclusión de la vivienda ocupa el segundo lugar tanto para el conjunto de la población como para la población en exclusión. El 64% de las personas en exclusión severa se encuentran afectadas por esta situación.
Algunos de los indicadores más destacados serían:
• 36.000 hogares con gastos excesivos en la vivienda
• 42.000 hogares sufren situaciones de insalubridad
• 23.000 hogares tienen deficiencias graves en la construcción
• En el 3,6% de los hogares ha sido imposible que los hijos se independicen por problemas económicos queriendo iniciar un proyecto de vida independiente.
• Un 10,4% de los hogares han recibido avisos de cortes de los suministros básicos.
Un tercer bloque de riesgos se refiere a la salud. Extremadura presenta una prevalencia mayor de problemas relacionados con la salud que en el conjunto de España. El 11,2% de la población extremeña se encuentra afectada por la exclusión social en la dimensión de la salud. Asimismo, el 7,3% de la población reside en hogares que han dejado de comprar medicinas y/o seguir tratamientos o dietas por problemas económicos.
Es positivo señalar que la incidencia de la exclusión entre las personas con discapacidad o dependencia es muy inferior al resto de España lo que indica que la sociedad extremeña ha creado mejores barreras contra la exclusión en estos colectivos.
Además de estos bloques principales de riesgos la distribución de la exclusión en Extremadura nos ofrece los siguientes perfiles sociodemográficos de los hogares:
• El 70% de las personas en exclusión son hombres.
• El grupo mayoritario se encontraría entre los 45 y los 64 años.
• 1 de cada 3 personas excluidas trabajan. Trabajar no es garantía de poder participar de poder sobrevivir.
• 9 de cada 10 personas que sustentan hogares extremeños en exclusión son de nacionalidad española. Aunque si se es extranjero la probabilidad de estar en el espacio de la exclusión es mayor 8 de cada 10 lo están.
• El 55% de las personas en situación de exclusión también está en situación de pobreza monetaria. La exclusión social tiene en Extremadura un carácter más económico que en el resto de España.
• 7 de cada 10 de los hogares excluidos son de 2 a 4 miembros pero solo en 3 de cada 10 hay menores.
• Más de la mitad de la exclusión social en Extremadura se encuentra en los municipios de menos de 5000 habitantes.
El mayor riesgo de exclusión se concentra sin embargo en los hogares con menores, en los hogares monoparentales y de familias numerosas, con una tasa de exclusión del 40,7% y 39,4% respectivamente. Se consolida la mayor exposición de las familias con niños y de la juventud a la exclusión social, constituyéndose riesgos relacionados con: la etapa de crianza de las familias, la pérdida de capital humano, la transmisión intergeneracional de la pobreza y la frustración de proyectos vitales independientes. Los datos de la Encuesta FOESSA sostienen que cuando uno nace y se cría en un hogar con escasos bienes materiales y con ingresos reducidos aumentan las probabilidades de heredar la exclusión, la que, desde la infancia, continúa limitando las capacidades de las personas menos afortunadas.
Democracia, participación social y políticas públicas
En este VIII Informe de la Fundación FOESSA constatamos la pérdida de calidad de nuestra democracia, que se asienta sobre una participación cívico política de baja intensidad (en Extremadura solo muestra interés por la misma el 11,6% de la población, muy por debajo del resto de España).
A pesar de esa falta de participación, la ciudadanía sigue apoyando el Estado de Bienestar como mecanismo de protección social. 3 de cada 4 extremeños optaría por tener más prestaciones y servicios sociales pagando más impuestos, aunque ese apoyo es inferior al del conjunto de España. Extremadura se caracteriza por un gasto en protección social ligeramente inferior a la media española y su sistema de protección social no está evitando que las situaciones de exclusión social se extiendan o mantengan entre las personas beneficiarias.
La Fundación FOESSA apela a la necesidad de crear un nuevo escenario con responsabilidades compartidas. Se abre la necesidad de dialogar en torno a la creación de un sector público compuesto por el espacio de trabajo conjunto de las administraciones públicas, las entidades no lucrativas y las empresas sociales, con las iniciativas ciudadanas y profesionales.