259.000 personas viven en exclusión social en País Vasco y crece el número de hogares en la cuerda floja
Frente al conjunto de España, País Vasco resiste mejor, pero mantiene a más de una de cada diez personas en exclusión social
La Fundación FOESSA y Caritas han presentado el Informe sobre exclusión y desarrollo social en Euskadi, que analiza la evolución de la integración y la exclusión entre 2018 y 2024 a partir de una muestra representativa de hogares vascos entrevistados en profundidad sobre sus condiciones de vida y dificultades cotidianas.
Analiza la pobreza, pero sobre todo la exclusión social, entendida como la acumulación de dificultades en empleo, ingresos, vivienda, salud, participación y relaciones sociales que limita la integración en la comunidad.
Menos exclusión severa, pero más precariedad
En 2024, el 53,5% de la población se encontraba en integración plena, el 35% en integración precaria y el 12% en exclusión social. En términos absolutos, unas 259.000 personas viven en exclusión social en Euskadi, de las cuales alrededor de 84.000 se encuentran en su forma más grave. Respecto a 2018, se reduce la tasa global de exclusión, pero cae la integración plena y crece de forma notable la integración precaria: hay menos personas totalmente “fuera”, pero muchas más personas “dentro” viven hoy en la cuerda floja.
Pobreza y desigualdad: avances reales, pero frágiles e incompletos
Entre 2020 y 2022, la tasa de riesgo de pobreza en Euskadi baja del 18% al 16,5% y la pobreza severa desciende del 6% al 5%. También se reduce la desigualdad de ingresos, consolidando a Euskadi entre las sociedades con menor desigualdad del Estado.
Sin embargo, la carencia material y social severa aumenta ligeramente: el 22,5% de la población no puede afrontar un gasto imprevisto, el 18% no puede permitirse una semana de vacaciones al año y el 12% no logra mantener su vivienda a una temperatura adecuada.
No fallan las personas, falla el sistema
En 2023, la combinación el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta de Garantía de Ingresos alcanzaba a prácticamente toda la población en pobreza real, situando a Euskadi como la comunidad con mayor cobertura del IMV y una de las rentas autonómicas con mayor peso relativo del Estado. Sin embargo, no todas las personas que podrían acceder a estas prestaciones lo hacen, especialmente las que sufren pobreza más intensa, y muchas declaran falta de información.
Tres de cada cuatro hogares en exclusión severa ponen en marcha estrategias para salir adelante, pero se encuentran con dispositivos fragmentados, apoyos escasos y poco personalizados. No fallan las personas: falla un sistema que no siempre acompaña con coherencia, continuidad y cercanía.
La vivienda es el epicentro de la desigualdad y exclusión
Una de cada seis personas (17%) sufre algún rasgo de exclusión residencial y, desde 2018, los precios han subido cerca de un 20%, mientras el alquiler se encarece un 16% (más del 20% en Vitoria-Gasteiz y Araba). Aunque solo el 17% de la población vive de alquiler, entre las personas en riesgo de pobreza lo hace el 52%; y el riesgo de pobreza apenas alcanza al 5% de quienes viven en propiedad frente al 30% de quienes alquilan.
Un 13% de los hogares —unos 122.000— cae por debajo del umbral de pobreza severa tras pagar vivienda y suministros, y decenas de miles de personas residen en viviendas inseguras o inadecuadas, especialmente hogares de origen extranjero, hogares encabezados por mujeres y familias con hijos e hijas.
El empleo se recupera, pero el bolsillo y la integración no lo nota
Entre 2018 y 2024, el número de personas ocupadas en Euskadi pasa de 924.000 a 988.000, un aumento del 7%, con una reducción de la temporalidad que ha tenido efectos integradores para parte de la población. Sin embargo, entre 2018 y 2023 el salario medio aumenta un 17% en términos nominales, pero apenas un 0,6% en términos reales, una vez descontada la inflación.
La precariedad persiste: el 8% de las personas ocupadas sufre parcialidad involuntaria, el 6% afronta inestabilidad laboral grave y el 11% de los hogares vascos está afectado por exclusión en el empleo (desempleo, inestabilidad grave o parcialidad involuntaria).
Las relaciones sociales avanzan hacia una red rota y desigual
Los problemas de conflicto y aislamiento social se han reducido en Euskadi desde 2018, sin embargo, se siguen apreciando grandes desigualdades. Entre los hogares integrados, el conflicto social es muy bajo (1,5%) y el aislamiento es limitado (5%), mientras que entre los hogares en exclusión el conflicto llega al 13% y el aislamiento al 15%. El motivo más frecuente es la nacionalidad o el origen y, en muchos casos, la discriminación se traduce en pérdida de oportunidades en el empleo y en las relaciones sociales.
En Euskadi, el 9% de la población sufre problemas de exclusión en salud, frente al 15% del conjunto del Estado, y la situación ha mejorado desde 2018. Sin embargo, los casos más graves —pasar hambre o no poder comprar medicación— se concentran en la población en exclusión y en quienes viven en integración precaria. La dificultad para comprar medicinas o seguir tratamientos por falta de recursos afecta a unas 157.000 personas, y el 13% de los hogares declara haber pasado hambre en los últimos diez años.
La exclusión y la precariedad deterioran el estado de ánimo y la estabilidad emocional, especialmente entre jóvenes, personas migrantes, mujeres y quienes ya viven en pobreza. La inseguridad laboral se confirma como uno de los factores que más desgasta la salud mental.
Los rostros de la exclusión social en Euskadi
La exclusión social no se distribuye al azar: tiene rostros reconocibles. El primer rostro está marcado por el origen y la nacionalidad: las tasas de exclusión entre quienes tienen nacionalidad extranjera (41%) son cinco veces superiores a las de quienes tienen nacionalidad española (8%). Los obstáculos a la participación política derivados de la nacionalidad extranjera son la segunda problemática de exclusión más frecuente, afectando al 13% de la población.
La infancia y la juventud configuran el segundo rostro: la tasa de exclusión entre menores de 18 años (20%) es más de tres veces superior a la de las personas mayores de 65 años (5,5%), y los hogares con menores suponen el 65% de la población excluida. La tasa de paro juvenil (17% entre menores de 30 años) duplica la tasa general, y el encarecimiento de la vivienda retrasa la emancipación y la formación de proyectos de vida autónomos.
El tercer rostro está ligado al género y a la composición del hogar: la exclusión afecta al 15% de la población en hogares encabezados por una mujer, frente al 10% cuando el hogar lo encabeza un hombre, una brecha que se amplía al cruzarla con cuidados, posición laboral y acceso a la vivienda, penalizando especialmente a los hogares monomarentales.
FOESSA y Cáritas: es necesario un nuevo pacto social
En conclusión, Euskadi mantiene hoy en día mayores niveles de integración social que la media estatal, ha reducido de forma clara la exclusión severa, presenta menores niveles de pobreza y desigualdad y cuenta con un sistema de garantía de ingresos que evita escenarios peores. Sin embargo, este balance positivo no puede llevar a la autocomplacencia: crece la integración precaria, se intensifica la exclusión en el acceso a derechos —especialmente vivienda y salud— y persisten bolsas importantes de desprotección material.
Más allá de los indicadores, el informe describe un modelo social debilitado, que tiende a producir desigualdad, precariedad y fractura. El resultado es una sociedad del miedo y la desconfianza, donde la precariedad vital, la crisis ecológica y la desinformación alimentan el repliegue individual y la desafección democrática. Ante esta encrucijada, el informe FOESSA plantea un cambio de paradigma: pasar de una sociedad centrada en el crecimiento a cualquier precio y en el rendimiento individual a otra basada en el cuidado, la interdependencia y la justicia social y ecológica.
FOESSA y Caritas apelan a un nuevo pacto social con dos motores: instituciones públicas fuertes, capaces de garantizar derechos y reducir desigualdades, y una sociedad civil activa, organizada y corresponsable. Un pacto que se concrete en políticas valientes en vivienda, empleo, fiscalidad, protección social y migraciones, y que no solo redistribuya, sino que frene la desigualdad en su origen. Se trata de apostar por un cambio de rumbo que ponga la vida en el centro, combata la desigualdad y promueva una ciudadanía inclusiva e intercultural, para construir un futuro en el que nadie quede atrás.